En 2021, con una inflación de 6%, el gobierno federal pretendía llegar a un salario mínimo general a 226 pesos diarios al final del sexenio. Una guerra en Europa Oriental, varias subidas en los precios de energéticos y de productos de la canasta básica después, la inflación es de 8 por ciento. Así que la nueva meta es de 260 pesos, lo que implica un incremento de 50.4% respecto del nivel de 172.9 pesos vigente este año.
“Si a eso le agregamos que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) actualizó la línea de bienestar e incorporó nuevos productos, la canasta básica se volvió más cara todavía. Es por eso que llegamos a 260 pesos, un monto más elevado de lo previamente proyectado”, dice Luis Felipe Munguía Corella, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
El ajuste se debe a la inflación, pero, paradójicamente, es precisamente la inflación la que pone en peligro el nuevo objetivo, reconoce en entrevista. Bajo ese panorama, podría haber un rango de negociación, prevé.
“La meta no está 100% fija, no es algo que no se pueda mover, se puede negociar en el Consejo de Representantes” de la Conasami. Porque la decisión de elevar por quinta vez consecutiva el piso mínimo de salarios de manera significativa también depende de ese grupo, señala.
El Consejo de Representantes está conformado por el Ejecutivo federal, portavoces del sector empresarial y líderes sindicales, por parte del sector obrero. Será en noviembre cuando se reúnan para analizar las propuestas, pero de aquí a entonces la narrativa —y la realidad— sobre la inflación podría predisponer los acuerdos.