El Consejo Coordinador Empresarial dijo que está a favor del plan antiinflacionario del AMLO, pero piden revisar la importación de alimentos para cuidar la salud de los consumidores.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la importación sin controles sanitarios ni regulatorios, como lo plantea el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), pone en riesgo la salud de las y los consumidores mexicanos.
“La apertura a la importación sin controles sanitarios ni regulatorios podría abrir la puerta a riesgos innecesarios a los productos alimenticios en México”, comentó el organismo empresarial.
El órgano presidido por Francisco Cervantes Díaz dijo que pone en riesgo la salud de los consumidores mexicanos, así como se afectará las exportaciones, que están inscritas en tratados internacionales suscritos por el gobierno de México.
“El CCE se encuentra trabajando con las autoridades hacendarias para encontrar opciones que eviten afectaciones a la salud y a la economía del sector agroalimentario, al tiempo que se cumple el propósito del PACIC, que es apoyar la economía de las familias mexicanas, al reducir los incrementos a la canasta básica”, expresó.
Actualmente, el CCE analiza, en coordinación con las autoridades, los posibles impactos del Acuerdo para Reforzar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), firmado por Tuny, Grupo Pinsa-Dolores, Gruma, Minsa, Bachoco, San Juan, Socorro, Sukarne, Grupo Gusi, Opormex, Sigma Alimentos, así como Walmart, Soriana, Chedarui y Valle Verde.
El sector empresarial apoya la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de buscar nuevas fórmulas para disminuir la inflación de la canasta básica.
El gobierno de AMLO y 15 empresas productoras y distribuidoras suscribieron un acuerdo complementario el lunes al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para combatir los aumentos de precios en productos e insumos alimentarios.
La acción coordinada del gobierno con productores y tiendas de autoservicio busca reducir 8 por ciento el precio máximo promedio de la canasta básica de 24 productos, dijo ayer Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El funcionario explicó que el precio de los productos de la canasta básica pasará de mil 129 pesos a mil 039 pesos promedio.
Tras analizar conjuntamente la situación del momento inflacionario, el gobierno federal otorgó a las empresas firmantes de este Acuerdo una Licencia Única Universal que las exime de todo trámite o permiso para las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para su envase, incluyendo los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como del impuesto general de importación. Así, se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias, de inocuidad y calidad.
Asimismo, acotó, se suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país, lo cual incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional.
Con esta Licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole.
El titular de Hacienda indicó que el Acuerdo específica que las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir los precios de la harina de maíz utilizada para la tortilla, en particular la harina básica extra premium sin conservadores. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al precio promedio máximo actual.
Resaltó que el Gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) hasta el 28 de febrero de 2023.
