El descubrimiento de tres nuevas víctimas del software Pegasus en México ─Ricardo Rafael, Raymundo Ramos y un periodista del medio Animal Político─ se suma a una serie de abusos de herramientas tecnológicas, con el fin de realizar acciones de vigilancia y espionaje en contra de miembros de la sociedad civil.
El hackeo del grupo Guacamaya a los sistemas informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ofreció una evidencia más de una variada lista de acciones de vigilancia y espionaje por parte del gobierno de México, incluso durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Entre los archivos filtrados por el grupo hacktivista, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, junto con Artículo 19, Social TIC y los medios de comunicación Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso confirmaron la existencia de un documento que prueba la contratación de un sistema de monitoreo remoto de información por parte de la Sedena en abril de 2019.
Los vínculos entre instituciones del Estado mexicano y empresas que ofrecen tecnología de vigilancia son una constante que se ha demostrado en varias ocasiones en años recientes:
Cellebrite UFED – Cellebrite:
De acuerdo con una investigación de René Valencia y Karla Cejudo para e-consulta y CONNECTAS, el gobierno federal gastó al menos 18.4 millones de pesos en dispositivos de análisis forense y extracción de información de la marca Cellebrite a través de la intermediaria Nuga Sys SA de CV, entre 2018 y 2021.
Geomatrix – Rayzone Group:
En abril de 2021, el diario El País publicó que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, gastó 5.6 millones de dólares en licencias del software Geomatrix, un sistema de geolocalización que permite conocer la ubicación exacta de cualquier dispositivo de telefonía celular, entre los años 2019 y 2020.
Pegasus – NSO Group:
El software Pegasus está entre los más prolíficos si se considera el número de víctimas a las que ha infectado o por lo menos, es el más indiscreto. Simón Barquera, Alejandro Calvillo, Luis Encarnación, Sebastián Barragán, Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, Carmen Aristegui y su hijo, tres miembros del Centro Miguel Agustín Pro Juárez y dos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Ricardo Anaya, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitaron México para indagar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los abogados del llamado caso Narvarte, en el que cinco personas fueron torturadas y asesinadas en esta colonia de la capital mexicana el 31 de julio del 2015 y los periodistas del semanario sinaloense Río Doce, Andrés Villareal e Ismael Bojórquez, así como Griselda Triana, viuda del fundador de este semanario Javier Valdez, están entre los civiles espiados por Pegasus durante la administración de Enrique Peña Nieto, a los que durante la administración lopezobradorista se han sumado al menos tres personas más.