El despacho que se encargó de estructurar legalmente el proyecto del Tren Maya, obra emblemática de la 4T, fue beneficiado en el sexenio de Enrique Peña Nieto con contratos millonarios para asesoría legal, aunque no tan jugosos como el otorgado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Woodhouse Lorente Ludlow recibió en el primer año de la actual administración 44 millones de pesos para blindar legalmente al proyecto ferroviario que se levanta en el sureste.
De acuerdo con el contrato de Prestación de Servicios para Asesoría Legal para la Estructuración Jurídica del Tren Maya, el despacho recibió dicha suma por los servicios prestados entre el 19 de marzo de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
El documento, al que El Sol de México tuvo acceso, estableció que la firma legal debió realizar los estudios y análisis de la legislación aplicable al proyecto del Tren Maya, como la propia constitución, norma y reglamentos vigentes, tratados internacionales y disposiciones de carácter general, entre otros.
De igual modo, en el lapso señalado, que fue cuando comenzaron las licitaciones para la obra, Woodhouse Lorente Ludlow debió acompañar y asesorar al Fonatur en las presentaciones ante autoridades, fondos e inversionistas.
El sitio web de la firma señala que desde su fundación, en 2009, brinda una gama completa de servicios legales a clientes locales e internacionales en áreas como proyectos e infraestructura.
En el sexenio pasado, el despacho obtuvo un contrato de 14.2 millones de pesos para asesorar a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para el proyecto del viaducto elevado La Raza – Indios Verdes – Santa Clara, el cual fue asignado en 2016 a la empresa Concesionaria Viaducto Indios Verdes (Covive).
A finales de 2019, inversionistas afiliados al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) prometieron al presidente Andrés Manuel López Obrador un capital de siete mil 560 millones de pesos para construir esta obra.
Woodhouse Lorente Ludlow también obtuvo un contrato por 10.5 millones de pesos en 2017 con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para la implementación de una Cámara de Compensación que administraría de forma centralizada los contratos asignados a través de Subastas de Largo Plazo, antes de que fueran canceladas a inicios de la presente administración.
Ambos contratos, que sumaron 24.7 millones de pesos, eran los más elevados que había obtenido la firma con la administración federal hasta 2019, cuando la 4T le otorgó por adjudicación directa el nuevo convenio millonario.
En aquel momento, Fonatur justificó la adjudicación directa debido a que se trataban de servicios especializados y a que el Tren Maya se planteó en principio como un proyecto de asociación público-privada que, dijo, preveía una “estructura más compleja y especializada” que los esquemas de contratación “más tradicionales”.